Isabel Cajo, extrabajadora del Congreso, está en el centro de una controversia tras ser vinculada a una reunión con el congresista Alejandro Soto en abril de 2024. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, Cajo ingresó al Congreso utilizando un carné ajeno y se dirigió al despacho presidencial de Soto. Allí permaneció por más de 50 minutos, según un mensaje de WhatsApp filtrado de la Oficina Legal, aunque el contrato que la vincularía al Congreso solo se firmó tres días después, el 5 de abril.
A pesar de los detalles revelados por los chats y los testimonios, Soto negó las acusaciones y aseguró que no hay pruebas que respalden la reunión. Además, refutó las afirmaciones de la congresista Norma Yarrow sobre una adenda que movió a Cajo de un área a otra dentro del Congreso. Soto insistió en que no hay ninguna firma suya en los documentos presentados como evidencia.
La polémica se intensificó con declaraciones de Soto, quien arremetió contra Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, acusándolo de usar el caso con fines políticos. Mientras tanto, el congresista defiende que no tuvo responsabilidad en la contratación de Cajo, asegurando que su rol no incluía la gestión del personal del Congreso.