El regidor de José Gálvez, Avelino Soria, fue sometido a ejercicios forzados y chicotazos por las rondas campesinas, tras ser acusado de mentir para encubrir la ausencia del alcalde Tony Mariñas durante una inspección de la Contraloría. La sanción ocurrió en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la obra Bicapa, paralizada con solo un 27% de avance.
Según los ronderos, Soria aseguró a la delegación de la Contraloría y al congresista Hamlet Echevarría que tenía el cargo de alcalde encargado, pero no presentó documentos que lo acreditaran. Indignados, los comuneros aplicaron su propia justicia, advirtiendo que tomarán medidas similares contra quienes intenten proteger la corrupción en su distrito.
Este hecho ha reavivado el debate sobre los límites de la justicia comunal frente al sistema legal formal. Mientras algunos defienden la acción de los ronderos como un acto de control social, otros cuestionan el uso de la violencia para sancionar a las autoridades locales.