La reciente promulgación de la ley que modifica la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha desatado un fuerte rechazo de diversas organizaciones de la sociedad civil, que advierten que la nueva normativa vulnera derechos fundamentales y representa un serio retroceso democrático en el país.
Durante su discurso oficial, la presidenta Dina Boluarte justificó la medida señalando que busca garantizar la transparencia y el buen uso de los fondos provenientes de la cooperación internacional. «En una democracia moderna, nadie debe temer a la transparencia», declaró. Sin embargo, sus palabras no convencieron a las ONG, que consideran que el verdadero objetivo es silenciar a voces críticas y ejercer un control político sobre su labor.
Entre las primeras en pronunciarse estuvo Promsex, que calificó la ley como “inconstitucional y antidemocrática”. A través de un comunicado, advirtieron que se trata de una grave regresión que atenta contra derechos consagrados en la Constitución. “Estas reformas restringen injustificadamente la defensa de los derechos humanos y se basan en argumentos falsos y malintencionados”, señalaron. Anunciaron además que emprenderán acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también expresó su preocupación, acusando al Gobierno de utilizar la ley como un mecanismo para “controlar políticamente” a quienes alzan la voz. “No busca fiscalización, busca represión”, afirmaron en sus redes sociales.
Por su parte, la ONG Manuela Ramos alertó que la ley deja en desprotección a miles de personas vulnerables y limita su acceso a la justicia, promoviendo la impunidad. “Se están restringiendo derechos fundamentales como la libertad de asociación, de expresión y de participación ciudadana”, indicaron.
La controversia crece y diversos sectores de la sociedad exigen la derogatoria inmediata de la ley, mientras el Gobierno asegura que no cederá en su objetivo de «poner orden» en la cooperación internacional.