La investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la desactivación del Equipo Especial de Policías está en manos del Ministerio Público. El juez supremo Juan Carlos Checkley aceptó el pedido de control de plazos presentado por la defensa de Boluarte, lo que obliga a la Fiscalía a decidir si presentará una denuncia constitucional por encubrimiento y abuso de autoridad, o si archiva el caso.
La Fiscalía acusa a Boluarte y al exministro Walter Ortiz de encubrimiento personal y abuso de autoridad, debido a la resolución ministerial 0610-2024-IN, que desactivó el equipo liderado por el coronel PNP Harvey Colchado. Esta acción se produjo justo antes de la detención preliminar de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, parientes de la mandataria, en el marco del caso «Los Waykis en la Sombra».
El proceso de investigación ha estado marcado por descoordinaciones en la Junta de Fiscales Supremos, lo que provocó que se excediera el plazo de 60 días para la investigación preliminar. A pesar de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, abrió el caso el 10 de mayo, la prórroga del plazo se emitió el 24 de julio, después de su vencimiento, lo que llevó al juez Checkley a declarar fundado el control de plazos solicitado por Boluarte.