El expresidente Pedro Castillo solicitó, el pasado 21 de enero, sustituir su prisión preventiva por arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Durante la audiencia presidida por el juez Juan Carlos Checkley, su defensa argumentó la ausencia de pruebas que lo vinculen directamente a actos violentos y enfatizó su arraigo familiar en el país. Castillo enfrenta cargos de rebelión tras el intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
En su intervención, Castillo denunció discriminación por parte de políticos y recordó momentos en que, según él, se le negó un trato digno. «Yo olía a pueblo», declaró al referirse a comentarios despectivos recibidos en el Congreso. Además, cuestionó el manejo de las investigaciones en su contra y aseguró que no ha cometido actos que justifiquen su detención.
El Poder Judicial, que amplió su prisión preventiva hasta diciembre de 2025, evaluará la solicitud de arresto domiciliario. Mientras tanto, Castillo permanece a la espera de su juicio oral, que incluye a varios de sus exministros acusados de conspiración y rebelión. El caso sigue en deliberación.