Una nueva disposición legislativa está favoreciendo a criminales investigados por delitos graves. La Ley 32181, que deroga la detención preliminar sin flagrancia, ha permitido que 10 presuntos miembros de la organización ‘Las Hienas Verdes’ sean liberados, incluidos tres policías implicados. Estos individuos enfrentan cargos como extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas. La Fiscalía ya ha anunciado que apelará esta decisión ante la Corte Suprema.
El Congreso aprobó una ley que limita la detención preventiva, lo que genera controversia entre expertos. La nueva normativa no solo permite la liberación de los detenidos sin flagrancia, sino que también introduce restricciones a los fiscales y jueces, debilitando el sistema judicial, según varios profesionales del derecho. El Ministerio Público y varios juristas han pedido la restitución de la norma que permitía detenciones preventivas cuando hay riesgo de fuga u obstrucción de la justicia.
Esta ley también incluye medidas que afectan la autonomía judicial, como la obligación de imponer prisión preventiva sin considerar las circunstancias del caso, bajo amenaza de sanciones graves. Abogados y expertos alertan sobre la interferencia del Congreso en funciones judiciales, lo que podría resultar en la condena de inocentes y en un control político sobre la justicia, comparado con prácticas autoritarias del pasado.