Isabel Cajo, amiga de la abogada asesinada Andrea Vidal, fue parte del equipo que colaboró en la redacción de dos proyectos de ley, uno de los cuales busca modificar las facultades de la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. Según el congresista Edwin Martínez, quien lideró la iniciativa, Cajo se encargó de recopilar la información necesaria para desarrollar la propuesta, que permitiría intervenciones policiales sin la autorización de un juez o fiscal.
El polémico proyecto de ley, que fue presentado recientemente, plantea una reforma que otorga mayor autonomía a la Policía para realizar allanamientos y detenciones sin la presencia de las autoridades judiciales o fiscales. Martínez explicó que la propuesta surge como respuesta a situaciones extremas, como el rescate de rehenes, en las que se considera urgente una acción inmediata por parte de las fuerzas del orden. A pesar de la intención de mejorar la seguridad, la medida ha generado controversia debido a sus implicaciones en derechos fundamentales.
Por otro lado, nuevos informes revelan que Cajo habría falseado su experiencia laboral en el Congreso, lo que podría acarrearle graves consecuencias legales. Según documentos filtrados, la exasesora habría presentado certificados falsos de trabajo para respaldar su trayectoria profesional. Si se confirma esta irregularidad, podría enfrentar cargos por falsedad documental, un delito que conlleva penas de hasta 10 años de prisión.