El Gobierno de Dina Boluarte presentó al Congreso una propuesta para limitar la detención preliminar a delitos violentos muy graves, como feminicidio, sicariato y terrorismo. La observación a la ley restituye hasta siete requisitos para aplicar esta medida, priorizando derechos fundamentales. Además, se propone que el juez que autorice la detención no evalúe la prisión preventiva, para asegurar imparcialidad. El documento oficial, firmado por la presidenta y el premier Gustavo Adrianzén, fue remitido el 13 de enero.
Esta reforma busca frenar posibles abusos judiciales y evitar que la detención preliminar sea utilizada como un mecanismo para presionar a investigados. El Gobierno señala que el sistema actual no diferencia adecuadamente entre detención preliminar y prisión preventiva, lo que pone en riesgo la libertad de los ciudadanos. También se recomienda garantizar la privacidad de los detenidos, prohibiendo su exposición mediática durante el proceso.
Entre las principales propuestas destacan establecer dos tipos de detención preliminar según la urgencia del caso y exigir nuevos elementos probatorios para aplicar la prisión preventiva. Además, se plantea sancionar a jueces que omitan la debida motivación al dictar estas medidas, reforzando así el respeto a la justicia y los derechos fundamentales.