El gobierno de Dina Boluarte ha presentado un proyecto de ley que busca penalizar severamente las protestas callejeras, proponiendo penas de hasta 15 años de prisión para quienes interrumpan el libre tránsito o el funcionamiento de servicios públicos. Esta medida ha generado controversia, ya que se considera que podría afectar el derecho a la protesta.
El proyecto propone que quienes, a través de violencia o amenazas, tomen locales, bloqueen vías o interfieran con servicios públicos con el fin de obtener beneficios indebidos, sean sancionados con penas de 10 a 15 años de prisión. Estas acciones, según el Congreso, serían similares a situaciones recientes que afectaron al país y se consideran una forma de aprovechamiento.
La iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso con el objetivo de modificar varios artículos del Código Penal. El propósito de estas modificaciones, según el Ejecutivo, es fortalecer las acciones contra la inseguridad ciudadana y mantener el orden público.