El gobierno de Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley, la Ley 32182, que introduce reformas a la Ley de la Carrera Fiscal, la Ley de la Carrera Judicial y al Código Penal. Estas modificaciones buscan sancionar a fiscales y jueces que liberen a personas detenidas en flagrancia por delitos graves.
Según el dictamen, se considera una falta muy grave que los fiscales ordenen la libertad de personas arrestadas por la Policía Nacional del Perú o por arresto ciudadano cuando los delitos cometidos conllevan penas mayores a cinco años de prisión. Además, la ley establece que es una infracción grave no solicitar prisión preventiva cuando existen pruebas suficientes.
En cuanto a los jueces, el nuevo marco legal establece que aquellos que dispongan la libertad de detenidos en flagrancia serán castigados con penas de entre ocho y 12 años de prisión por el delito de prevaricato. Además, se considera una infracción grave que los fiscales filtren información confidencial por su cargo.