La restitución de la detención preliminar ha reavivado el caso de presunta corrupción en el programa Qaliwarma, donde estarían involucrados altos funcionarios del Gobierno de Dina Boluarte. Entre los investigados se encuentran Freddy Hinojosa, vocero presidencial, y el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. La Fiscalía podrá ahora solicitar detenciones en casos de no flagrancia, lo que podría acelerar las acciones contra los implicados en la presunta organización criminal Wasi Mikuna.
Uno de los momentos clave del caso fue el allanamiento a la vivienda de Hinojosa, donde, debido a la falta de la norma en ese momento, el Ministerio Público no pudo detenerlo. Con la restitución de la medida, los fiscales tendrán mayor margen para actuar y evitar que los investigados eludan la justicia. La nueva normativa exige pruebas concretas que justifiquen la detención, lo que busca equilibrar la lucha contra la corrupción con el respeto a los derechos de los acusados.
Expertos como el abogado Andy Carrión advierten que la Fiscalía podría aplicar esta medida en las próximas horas. Sin embargo, otros especialistas, como Fernando Ugaz, señalan que los cambios en la ley no son significativos, ya que las exigencias probatorias siempre han estado presentes en el Código Procesal Penal. Mientras el debate continúa, la posibilidad de nuevas detenciones mantiene en tensión al Gobierno, que enfrenta cada vez más cuestionamientos por este escándalo.