El lunes pasado, Alejandro Arcos, del PRI, asumió el cargo de presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, uno de los estados más empobrecidos de México, que enfrenta graves problemas de violencia. Sin embargo, el jueves fue asesinado su secretario del Ayuntamiento, Francisco Tapia, quien había estado en funciones apenas tres días. Arcos, visiblemente afectado, pidió justicia tras el crimen, pero el domingo siguiente él mismo fue asesinado, intensificando la espiral de violencia en la región.
El asesinato de Arcos fue confirmado por Alejandro Moreno, presidente del PRI, y la Fiscalía estatal, aunque no se brindaron muchos detalles. Sin embargo, informes locales indican que su cuerpo fue encontrado decapitado, con la cabeza sobre el techo de una furgoneta blanca y el resto del cuerpo en el asiento del conductor. En el momento de su muerte, Arcos visitaba barrios afectados por inundaciones en el estado, lo que refleja la situación crítica en la que se encuentra Guerrero.
Chilpancingo se ha convertido en un punto focal de la lucha entre grupos criminales como Los Tlacos y Los Ardillos, quienes disputan el control del territorio y las actividades ilícitas, como el narcotráfico y la extorsión. Guerrero tiene un largo historial de violencia, desde la represión de grupos guerrilleros en las décadas pasadas hasta la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La situación se complica aún más con la intervención de la Iglesia local, que intenta mediar entre los grupos criminales en un contexto de creciente impunidad y abandono institucional.