La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha emitido una resolución en la que arremete contra jueces que inaplican las nuevas leyes sobre crimen organizado, Leyes 32108 y 32138. El tribunal, encabezado por César San Martín, criticó a los magistrados que toman decisiones basadas en razones subjetivas, argumentando que esto podría generar activismo judicial. Además, subraya que cualquier inaplicación de normas debe ser justificada por razones constitucionales o convencionales, no por interpretaciones personales sobre el proceso legislativo.
La Corte responde directamente a los jueces de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz, quienes habían cuestionado la aplicación de estas leyes en casos recientes. Chávez Tamariz observó la falta de desarrollo de la Ley 32108 sobre la economía ilegal, mientras que Concepción Carhuancho la calificó de «ley con nombre propio» del congresista Waldemar Cerrón. La Corte también advirtió que cualquier inaplicación debe ser elevada a consulta, ya que es la única que tiene la autoridad para resolver sobre su constitucionalidad.
Pese a las críticas sociales por la aplicación de estas leyes, la Sala Suprema ratificó que deben cumplirse. Consideraron que, aunque las nuevas normas generen controversia por su impacto en la inseguridad ciudadana, son legales y deben ser respetadas. Esto se reafirmó en la apelación del exministro Geiner Alvarado, quien intentó salir de prisión preventiva bajo estos marcos legales.