La Mesa Directiva del Congreso aprobó un acuerdo que permite que los congresistas y excongresistas accedan a defensa legal financiada con fondos públicos. Este beneficio aplica para procesos judiciales derivados de sus funciones legislativas, de representación o de control político, pero no incluye acusaciones constitucionales provenientes del propio Parlamento.
El acuerdo también alcanza a los miembros de la Mesa Directiva, quienes podrán usar este recurso en procesos relacionados con decisiones administrativas tomadas en conjunto o de forma unilateral por el presidente del Congreso. El principal argumento detrás de esta medida sería la falta de inmunidad parlamentaria, eliminada anteriormente, lo que deja a los legisladores expuestos a investigaciones preliminares, según explicó el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco.
Cevasco consideró que esta disposición actúa como una “compensación” tras la pérdida de la inmunidad parlamentaria y señaló que, aunque legítima, podría agudizar la baja popularidad del Congreso. Hasta el cierre de esta nota, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, no se pronunció al respecto.