Pese a la oposición del Ministerio Público, el Poder Judicial y varias bancadas, el Congreso ratificó —en segunda votación— la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, con 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones. La modificación elimina la obligación del investigado de demostrar la legalidad de sus bienes y exige una sentencia penal firme para que el Estado pueda incautarlos.
Esta reforma representa un fuerte retroceso en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado, al excluir justamente estos delitos del ámbito de aplicación de la ley. Según expertos, la norma podría beneficiar a políticos investigados como Vladimir Cerrón y Fredy Hinojosa, al dificultar que se les retire bienes presuntamente obtenidos de forma ilícita.
El Ministerio Público alertó que esta modificación debilita la capacidad del Estado para recuperar bienes ilegales, desincentiva la inversión y favorece la impunidad. Además, el Poder Judicial expresó que este cambio va contra los compromisos internacionales del Perú en la lucha contra el crimen. A ello se suma la polémica inclusión de un plazo de prescripción de cinco años, lo cual abre la puerta a que se pierdan procesos por simple paso del tiempo.