El nuevo cardenal del Perú, Carlos Castillo, se pronunció durante una conferencia de prensa sobre la controvertida Ley 32108, conocida como la ley pro crimen organizado. Castillo expresó su preocupación, argumentando que esta legislación pone en riesgo la protección de la ciudadanía al desviar la atención de los problemas humanos. Según él, hay una notable indiferencia ante las dificultades que enfrenta la población, e incluso sugirió que puede haber signos de complicidad con actividades delictivas.
En su llamado al Congreso, Castillo pidió que se reformule o derogue la ley, enfatizando que se está violando el principio del cuidado de las personas en favor de ciertos intereses. Subrayó que el Congreso no puede seguir promulgando leyes que agravan la situación de desprotección de los ciudadanos, permitiendo que el malestar y las amenazas se propaguen sin control. «Esas leyes están sirviendo de sombrilla para que llueva el malestar», afirmó.
Además, diversos gremios y sectores de la sociedad han unido fuerzas para solicitar la derogación de la ley pro crimen organizado. En una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades, exigen que se escuche la voz del pueblo. También reclaman que se cumplan los compromisos del Gobierno tras el paro del 26 de septiembre y cuestionan el dictamen de terrorismo urbano, el cual excluye a una gran parte de la población rural.