Mientras el país lidia con una creciente ola de violencia que afecta a transportistas, comerciantes y empresarios, una nueva preocupación se suma al panorama: el inminente colapso del sistema penitenciario. En 2020, el Tribunal Constitucional dio un plazo de cinco años al Estado para resolver el hacinamiento carcelario, el cual vence este 6 de mayo. Si no se cumplen las medidas ordenadas, se procederá al cierre progresivo de penales, empezando por los más críticos.
La advertencia del TC señala que se podrían clausurar temporalmente penales con altos niveles de sobrepoblación como los de Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay y Miguel Castro Castro. Actualmente, las cárceles del país tienen capacidad para 41 mil internos, pero alojan a casi 100 mil, lo que representa una sobrepoblación del 138%, según datos del INPE hasta diciembre de 2024.
A la par, el Congreso aprobó que los serenos puedan usar armas de electrochoque para reforzar su labor frente a la inseguridad. Esta decisión llega en medio de un paro nacional de transportistas que exigen protección frente a asesinatos y extorsiones. Con cárceles al borde del colapso y calles tomadas por el crimen, el país se enfrenta a un escenario de alta tensión que exige respuestas urgentes.