La congresista Norma Yarrow afirmó que Isabel Cajo fue contratada mediante una adenda aprobada a solicitud directa del expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Durante una sesión de la Comisión de Fiscalización, Yarrow señaló que la contratación contó con el respaldo de un proveído firmado por la Presidencia del Congreso y tramitado por Oficialía Mayor. Según la parlamentaria, este documento prueba que la alta dirección del Legislativo conocía y autorizaba el vínculo laboral de Cajo, quien, sin título de bachiller, percibía más de 7.000 soles mensuales.
Por su parte, Alejandro Soto rechazó cualquier implicación en la contratación y negó que tuviera facultades para autorizar este tipo de acuerdos. Soto exigió que se presenten pruebas que lo involucren directamente, señalando que la adenda exhibida no lleva su firma ni rúbrica. Además, cuestionó si las investigaciones se enfocan en irregularidades laborales o en las recientes acusaciones sobre una presunta red de prostitución dentro del Congreso, desestimando ambas como «falsas».
El debate se intensificó cuando se revelaron documentos que muestran un sello de la Presidencia en el proveído que avala la contratación. Mientras Yarrow insiste en que esto confirma la implicación de Soto, el excongresista defiende que la adenda solo es una extensión del contrato original y deja abierta la interrogante sobre quién autorizó inicialmente la contratación de Isabel Cajo en el Parlamento.