El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y personas con visas temporales. Esta medida, que entrará en vigor en 30 días, también ordena que agencias gubernamentales dejen de emitir números de seguridad social y pasaportes a estos menores.
La decisión ha provocado una ola de reacciones legales en su contra. Fiscales generales de 18 estados, encabezados por Matthew J. Platkin de Nueva Jersey, consideran que la orden es inconstitucional. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts, busca impedir que la medida entre en vigencia, calificando la acción como una alteración ilegal de la Constitución.
La medida reinterpreta la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía por nacimiento, y podría afectar a millones de niños nacidos en EE. UU. de padres indocumentados. Expertos como Jennifer Gordon, profesora de derecho, aseguran que sin una anulación judicial o una enmienda constitucional, esta reinterpretación sería ilegal y despojaría a los niños de sus derechos fundamentales.