El Congreso de la República aprobó un dictamen que permite el financiamiento público para cubrir los gastos de los abogados de los partidos políticos, así como de sus dirigentes y representantes. Con 22 votos a favor y solo 6 en contra, la Comisión Permanente, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó esta medida, que también restituye el financiamiento privado a los partidos.
Este dictamen permite que los fondos públicos, hasta un 50%, se destinen a pagar los servicios de asesoría legal de los partidos, incluyendo a sus directivos y voceros. Además, establece que si alguno de los patrocinados es sentenciado, deberá devolver el dinero recibido.
La ley también facilita que los aportes privados superiores a las 200 UIT no se consideren ilegales, sino como infracciones administrativas. Esta medida ha sido respaldada por partidos con líderes investigados, lo que ha generado controversia, ya que en el pasado se rechazó el financiamiento privado en un referéndum debido a los escándalos de corrupción como el caso Odebrecht.