A pesar de la insistencia de Dina Boluarte en debatir la implementación de la pena de muerte en el Perú, la delegación peruana en la ONU votó a favor de suspenderla a nivel mundial. Liderada por el diplomático Enrique Roman Morey, la representación del país respaldó la moratoria, alineándose con los compromisos internacionales que defienden los derechos humanos. Este voto se suma al apoyo de más de dos tercios de los países miembros de la ONU.
Especialistas criticaron la aparente contradicción entre la postura internacional del Perú y las declaraciones internas de Boluarte. La politóloga Fabiola G. Arce calificó como lógica la posición diplomática, señalando que el país es firmante de tratados que prohíben la pena capital. Sin embargo, consideró populista la postura de la presidenta, acusándola de falta de acciones concretas para combatir la delincuencia.
Por su parte, el politólogo Martín Ueda y el catedrático Osvaldo Zavala destacaron que la pena de muerte es incompatible con los tratados internacionales suscritos por el Perú. Zavala enfatizó que la Convención Americana de Derechos Humanos impide ampliar el uso de esta medida y criticó la falta de coherencia y planificación en la política de seguridad de Boluarte, calificando su postura como improvisada y populista.