La presidenta Dina Boluarte anunció la reciente aprobación en el Consejo de Estado, permitiendo que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas sean procesados en el fuero militar-policial. Esta decisión, según la mandataria, busca establecer un marco legal que respalde el uso de la fuerza por parte de estas instituciones en el cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, este enfoque genera preocupaciones sobre la posible impunidad por abusos durante protestas y situaciones de emergencia.
Boluarte explicó que, con este nuevo marco, los efectivos solo podrán ser juzgados en el fuero militar en caso de que usen sus armas reglamentarias, siempre que exista un informe previo de la inspectoría. La propuesta fue introducida de manera sorpresiva en la discusión sobre un proyecto de ley relacionado con el terrorismo urbano, aunque no se había incluido en la versión final. A pesar de esto, el Gobierno ha insistido en su implementación.
Además, Boluarte anunció un incremento en las penas para los extranjeros que sean expulsados y que intenten ingresar al país de forma irregular. El abogado constitucionalista Heber Joel Campos advirtió que, si bien los delitos cometidos en el ejercicio de funciones deben ser juzgados en el fuero militar, los delitos comunes deben ser tratados en el fuero civil, lo que podría complicar el sistema judicial en casos de abusos durante el control de manifestaciones sociales.